El proceso judicial iniciado tras la denuncia impulsada y presentada por Juan Rousselot en representación de UTHGRA Córdoba derivó en la imputación penal de quienes integraban la conducción sindical anterior. El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba imputó a los exdirigentes por los delitos de administración fraudulenta y falsedad documental, confirmando la gravedad de los hechos y la solidez de las pruebas recolectadas.

La resolución judicial fue dictada por la Fiscal de Instrucción Valeria Paula Rissi, quien encabeza la investigación penal que hoy alcanza a los principales exdirigentes de la seccional Córdoba, imputados por falsificación de documentación y administración fraudulenta continuada.

Fueron imputados Néstor Julián González, ex Secretario General, Fernando Alfredo Pérez Masseo, ex Secretario Administrativo, René Horacio Zurita, ex Secretario de Cultura, Prensa y Propaganda, Roberto Salvador Reyes, ex jefe del Departamento Unificado de Recaudación, Oscar Alfredo Pérez Masseo, y Pablo Andrés Enz, proveedor externo que instrumentó un sistema paralelo de recaudación y desvío de fondos.

Además, se encuentran denunciados penalmente Marcela Martínez, Zulema Rivadero, Luis López, Eduardo Chessel y Enrique Altamira. Todos ellos integraron una estructura dedicada a vaciar los recursos del sindicato, manipular registros, cobrar por fuera del sistema oficial y desviar millones de pesos que debieron destinarse a los trabajadores.

La investigación judicial reveló un esquema sostenido en el tiempo, basado en la creación de un sistema de recaudación paralelo, el uso de facturas apócrifas, órdenes de pago irregulares, simulación de servicios, ingresos ilegales a la obra social, “llaves” de afiliación cobradas en mano y vínculos espurios con empresas del sector para sostener trabajadores no registrados. Todo esto se realizaba con documentación falsa, talonarios fabricados dentro del propio sindicato y sin ningún tipo de control administrativo válido.

No se trató de hechos aislados. Fue un sistema completo de corrupción, sostenido por un aparato protegido por la complicidad, los pactos de silencio y la cobertura de intereses cruzados, tanto internos como externos. Un engranaje que operaba para beneficiar a unos pocos, usando los fondos de todos.

Como consecuencia del avance judicial, se impusieron cauciones reales de 30 millones de pesos a Néstor González y Fernando Pérez Masseo, y cauciones personales similares al resto de los imputados. Todos fueron fichados y prontuariados penalmente, con restricción de salida del país y obligación de presentarse ante la Justicia.

La estrategia jurídica penal de UTHGRA Córdoba está encabezada por el Dr. Benjamín Sonzini Astudillo, acompañado por los abogados Ricardo Maldonado y el equipo patrocinante. La querella particular continuará aportando elementos y pruebas para que cada responsable sea juzgado y condenado.

“Esto no es solo una causa judicial, es el final de un sistema de impunidad que operó durante años en UTHGRA Córdoba. No vinimos a administrar lo que otros destruyeron, vinimos con el mandato del Cro. Luis Barrionuevo a terminar con las mafias que se enriquecieron usando el gremio como un negocio personal. Acá hay responsables con nombre y apellido, y la Justicia ya les está exigiendo lo que nunca pensaron que iba a pasar: rendir cuentas.” — Juan Rousselot

Este proceso marca un punto de inflexión para UTHGRA Córdoba. Ya no hay lugar para la impunidad. Se terminó el tiempo de quienes confundieron la conducción gremial con un botín personal, escondidos detrás de sellos, intimidaciones y simulacros institucionales.

La actual gestión de UTHGRA Córdoba actúa con base en la legalidad, la transparencia y el respeto por los aportes y derechos de quienes representan el verdadero sostén de esta organización: los trabajadores del sector turístico, hotelero y gastronómico de Córdoba.

“Durante años se robaron el esfuerzo de los trabajadores, se burlaron de la necesidad, de la obra social, de la representación sindical. La plata que tendría que haber ido a prestaciones, capacitaciones o beneficios fue desviada para alimentar privilegios personales. Lo que estamos haciendo no es solo una gestión transparente: es una reparación.” — Juan Rousselot