Enviar Mensaje de WhatsAppSkip to main content
La jueza federal María Romilda Servini dispuso la citación a declaración indagatoria de Valeria Artaza, al considerar configurado el estado de sospecha previsto por el Código Procesal Penal. La causa, que involucra a otros 19 denunciados, investiga presuntas falsificaciones de firmas, avales y documentación electoral de trabajadores de Córdoba.
El fin nunca justifica los medios. No vale todo. Ninguna ambición personal, política o sindical puede estar por encima de la ley, ni mucho menos construirse sobre la presunta falsificación de firmas, la utilización indebida de la identidad de los trabajadores o la adulteración de documentos para intentar obtener una representación que no fue legítimamente otorgada.
UTHGRA Córdoba informa que, mediante resolución del 4 de noviembre de 2026, la jueza María Romilda Servini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, dispuso citar a Valeria del Carmen Artaza a prestar declaración indagatoria el próximo 2 de diciembre, a las 11:00 horas, en el marco de la causa federal.
La magistrada estableció expresamente que se encuentra configurado el estado de sospecha requerido por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, en una investigación por presunta falsificación de documentos privados, uso de documentos adulterados o falsos y asociación ilícita.
La decisión constituye un avance judicial significativo en una causa que se inició a partir de las denuncias formuladas contra integrantes de la denominada Lista Marrón, por las graves irregularidades denunciadas durante el proceso electoral sindical de 2025.
Las actuaciones comenzaron con la denuncia presentada por Cristian Ruiz Caballero, apoderado de la Lista Celeste de Córdoba, y fueron posteriormente ampliadas mediante la incorporación de declaraciones juradas, constataciones notariales, documentación respaldatoria y elementos periciales vinculados con la presunta falsificación de avales y candidaturas.
Asimismo, Juan Rousselot, secretario general de UTHGRA Córdoba, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Córdoba, aportando antecedentes y elementos probatorios destinados a esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Posteriormente, el fiscal federal Eduardo Raúl Taiano impulsó formalmente la acción penal y requirió medidas de investigación.
Lo que se investiga no es una simple diferencia de criterios ni una disputa sindical ordinaria. Se trata de hechos que, de comprobarse, constituyen delitos de extrema gravedad y un ataque directo contra la voluntad de los trabajadores y las garantías de la democracia sindical.
Quienes pretenden representar a los trabajadores tienen la primera obligación de respetarlos. Nadie puede utilizar sus nombres, falsificar su consentimiento o presentar documentación en su representación sin autorización. Ningún objetivo, por importante que sus promotores pretendan considerarlo, justifica semejantes conductas.
La denuncia penal comprende a Valeria Artaza, Tadeo Nicolás Gamarro, Ruth Elizabeth Silva, Ítalo Andrés Aldape, David Francisco Goscilo, Alberto José Rodríguez Atachagua, Fiamma Solange Rivadero, Silvia Susana Barros, Mauro Leandro Olivera, Patricia del Valle Correa, Corina Estefanía Herrera, Lucas Esteban Rodríguez, Gabriela del Valle Tarraga, Miguel Alejandro Gómez, Roxana Beatriz Guevara, Cristina del Carmen Tulián, Olga Soledad Barros, Ana Belén Medina, Gustavo Adrián Ciampa y Mariano Verzero, todos ellos individualizados en las presentaciones judiciales vinculadas con las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso electoral sindical de 2025. La investigación deberá determinar las eventuales responsabilidades penales que correspondan a cada uno de los denunciados.
La citación a indagatoria de Artaza constituye un paso concreto dentro de ese proceso, supone que la Justicia ha considerado reunido el estado de sospecha legalmente exigido para convocarla a ejercer su defensa frente a los hechos investigados.
Durante demasiado tiempo, algunos han pretendido instalar la idea de que para alcanzar determinados objetivos cualquier procedimiento resulta aceptable. No es así. Las leyes existen para todos, las responsabilidades son individuales y los delitos, cuando se acreditan, deben tener consecuencias.
UTHGRA Córdoba sostiene que nadie puede pretender obtener legitimidad mediante la vulneración de los derechos de los propios trabajadores a quienes dice representar. La democracia sindical exige transparencia, honestidad, respeto por las normas y, fundamentalmente, el reconocimiento de la voluntad auténtica de cada afiliado.
La gravedad de los hechos denunciados exige que la investigación judicial avance hasta sus últimas consecuencias. No alcanza con identificar las posibles irregularidades: es necesario establecer quiénes intervinieron, cuáles fueron sus responsabilidades y si existió una actuación coordinada para llevar adelante las maniobras investigadas.
La impunidad no puede ser una alternativa. Quienes hayan cometido delitos deberán responder por sus actos ante la Justicia, independientemente de los cargos que ocupen, de los intereses que representen o de las justificaciones que pretendan esgrimir.
UTHGRA Córdoba continuará promoviendo las acciones judiciales correspondientes, aportando los elementos necesarios y reclamando que la investigación alcance a todos aquellos que pudieran haber intervenido en los hechos denunciados, sin excepciones ni privilegios.
Nuestro compromiso es con la verdad, la legalidad y el respeto de los trabajadores del turismo, la hotelería y la gastronomía de Córdoba.
Defender sus derechos también significa impedir que su identidad, su firma y su voluntad sean utilizadas como instrumentos para satisfacer intereses ajenos.
Porque no vale todo. Porque el fin nunca justifica los medios. Porque nadie está por encima de la ley. Porque los delitos, cuando se acreditan, deben pagarse con las consecuencias que establece la Justicia. Y porque la verdad, aunque algunos pretendan ocultarla, tarde o temprano sale a la luz.
