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La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 con competencia electoral, a cargo de la Jueza María Romilda Servini (Expte. CFP 4051/2025). Se incorporaron nuevas pruebas, declaraciones juradas, acta notarial y documentación que acreditan falsificación de firmas, uso de documentos apócrifos y asociación ilícita.
El apoderado de la Lista Celeste de Córdoba, Cristian Ruiz Caballero, presentó ante la Justicia Federal con competencia electoral una ampliación y ratificación de la denuncia penal contra los integrantes y partícipes de la denominada lista Marrón, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de instrumentos privados, uso de documento falso y asociación ilícita.
La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 con competencia electoral, a cargo de la Jueza María Romilda Servini.
La presentación incorpora nueva información y pruebas de valor sustancial, entre ellas:
- Actas de constatación notarial, donde se deja constancia de cientos de trabajadores que declararon no haber firmado ningún aval, planilla ni documento electoral a favor de la denominada lista marrón.
- Declaraciones juradas de personas cuyos nombres figuran en las planillas presentadas ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala V, quienes manifestaron de forma expresa que nunca firmaron ni autorizaron su candidatura ni participación en dicha lista.
- Documentación respaldatoria y denuncias individuales de trabajadores, que acreditan la utilización indebida de sus datos personales.
- Un peritaje caligráfico que demuestra la existencia de las firmas realizadas por una misma mano, lo que refuerza la hipótesis de falsificación masiva.
Asimismo, se amplía la nómina de denunciados e involucrados, incorporando a los principales organizadoras de la maniobra, junto al abogado y al escribano, quienes habrían intervenido activamente en la confección y certificación de la documentación adulterada.
De acuerdo a lo denunciado, la denominada lista Marrón nunca fue formalizada ni reconocida por la Junta Electoral Seccional, dado que como se certificó no presentaron documentación alguna ante dicha autoridad electoral local, por lo que toda su actuación se habría sustentado en documentación apócrifa presentada directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Salas V y VI, en el marco de expedientes laborales donde se intentó validar avales y candidaturas falsas.
La denuncia solicita al juzgado la remisión de esos expedientes “ad effectum videndi et probandi”, a fin de que se incorporen como prueba directa de los hechos.
Con esta ampliación, se refuerza la acusación penal y se consolida un cuerpo probatorio que expone una maniobra coordinada y planificada, orientada a alterar la voluntad de los afiliados y vulnerar los mecanismos democráticos del proceso electoral sindical.
La causa continúa su trámite en la órbita de la Justicia Federal con competencia electoral, donde se evaluarán las pruebas incorporadas y las responsabilidades de cada uno de los implicados.
